En medio de rumores que la vinculan sentimentalmente con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, Katy Perry vuelve a acaparar titulares, esta vez por una sanción impuesta en España.
La cantante estadounidense ha sido multada con 6.001 euros por filmar sin autorización parte de su videoclip «Lifetimes» en s’Espalmador, un islote de alto valor ecológico ubicado dentro del Parque Natural de ses Salines, en Formentera.
Según informó la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de las Islas Baleares, la productora responsable del rodaje, WeOwnTheCity, no solicitó el permiso necesario para grabar en esa zona protegida. Aunque no se detectaron daños al medio ambiente, el incumplimiento se clasificó como una infracción «grave».
Desde Capitol Records, sello discográfico de Perry, se aseguró al Diario de Ibiza que la productora local contratada había garantizado tener todos los permisos en regla. “Cumplimos con todas las regulaciones para filmar en esta zona y respetamos profundamente el lugar y a los responsables de su protección”, declararon. Sin embargo, las autoridades autonómicas confirmaron que no se presentó la solicitud correspondiente y que la multa fue abonada en su totalidad a comienzos de año.
El videoclip
La producción audiovisual se grabó en diversas localizaciones de Ibiza y Formentera, incluyendo escenas de Katy Perry bailando y disfrutando del entorno, tanto en paisajes urbanos como en discotecas. La polémica surgió a raíz de las imágenes filmadas en s’Espalmador, donde se observa a la cantante y su equipo dentro de una zona dunal protegida, delimitada por cuerdas y estacas que prohíben el acceso sin autorización previa.
S’Espalmador, junto con la playa de ses Illetes, forma uno de los sistemas dunares mejor conservados del archipiélago balear, con 137 hectáreas de arena fina, vegetación endémica y especies de fauna protegida. Desde 1980, este espacio solo permite actividades bajo estricta regulación ambiental.
Un recordatorio sobre la protección ambiental
Este caso vuelve a subrayar la necesidad de respetar las normativas ambientales, especialmente en zonas de alto valor ecológico. Aunque la sanción fue saldada sin mayor conflicto, el incidente ha generado debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y las productoras en el cumplimiento de las leyes locales.
